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聽Por Mart铆n Lozada*

La provincia de R铆o Negro experimenta tiempos de cambio en lo que a su sistema procesal penal se refiere. Lo inspira la intenci贸n de dejar atr谩s un modelo de persecuci贸n penal que tergiversa roles operativos y genera tensiones capaces de impactar negativamente contra las reglas que hacen al debido proceso legal.

Existe un inicial consenso en relaci贸n a la necesidad de superar un modelo que hasta la fecha hace del magistrado de instrucci贸n un juez y, al mismo tiempo, una de las partes del proceso. Y otro tanto en relaci贸n a asegurar que los jueces cumplan su rol desde una situaci贸n de efectiva neutralidad, imparcialidad e independencia.

Igual consenso contar铆a la postulada inmediatez de actuaci贸n mediante la concreci贸n de un sistema de audiencias, la superaci贸n de la cultura del tr谩mite, el acompa帽amiento y la participaci贸n de las v铆ctimas, as铆 como el urgente mejoramiento de los tiempos del proceso.

Sin embargo, esa voluntad y ese consenso inicial no debieran ocular la complejidad que una reforma trae por s铆 misma aparejada. La experiencia comparada, tanto en las provincias vecinas como en la Rep煤blica de Chile, ofrecen ejemplos de los cuales es indispensable aprender.

En primer t茅rmino, es recomendable que una transformaci贸n como la planteada, por su magnitud e incidencia social, se ajuste a las expectativas y necesidades colectivas. Para ello, la comunicaci贸n al p煤blico tanto de su contenido, como de sus t茅rminos y caracter铆sticas, debiera consistir en un punto de partida inexorable.

Solo a partir de un fluido intercambio con los diversos actores sociales se legitima un proceso de reforma tal. Es decir, construyendo un mecanismo de di谩logo y receptividad que no se ahorre el debate, la puesta en crisis y las soluciones superadoras.

He aqu铆 uno de los d茅ficits habituales en la toma de decisiones inherentes a la pol铆tica contempor谩nea: la ausencia de comunicaci贸n efectiva sobre lo que se discute y la nula participaci贸n por parte de los grupos que habr谩n de ser los destinatarios naturales de esas pol铆ticas.

Otra de las condiciones para la reforma en cuesti贸n se refiere al exigido ensamble institucional que debe preceder a las transformaciones que implica. En funci贸n de ello, las diversas agencias involucradas en el proceso de cambio deben encontrarse alineadas en pos de la satisfacci贸n de objetivos comunes.

De no ser as铆, y en caso de que cada una de aquellas mantenga un programa que no se adecue de modo org谩nico al plan general, pues entonces las disfunciones y las contradicciones operativas no tardar谩n en manifestarse como un verdadero escollo.

Tampoco puede obviarse la imprescindible transferencia de recursos que deber谩 disponerse a fin de que el Ministerio P煤blico Fiscal, en su car谩cter de protagonista indiscutible del nuevo modelo de persecuci贸n penal, posea los medios suficientes para concretar la finalidad procesal a su cargo.

En efecto, comandar las tareas inherentes a la investigaci贸n criminal y ejercer la direcci贸n del proceso penal exige contar con los dispositivos materiales y humanos requeridos para tal cometido. Sin ellos, los cambios propuestos corren serio riesgo de quedar reducidos a una mera expresi贸n de deseo.

En tal sentido, si en verdad lo que se pretende es dar una efectiva respuesta al delito, es menester poner al alcance del Ministerio P煤blico Fiscal el cuerpo de investigadores al que alude tanto la Constituci贸n Provincial como el nuevo C贸digo Procesal Penal de la Provincia de R铆o Negro.

Dicho cuerpo de investigadores, con formaci贸n id贸nea en materia t茅cnico-cient铆fica, debe encontrarse al servicio del cuerpo de fiscales que, a su vez, ser谩n quienes dirijan cada una de las pesquisas penales a su cargo.

Por 煤ltimo, como condici贸n previa a los cambios venideros, cuenta la construcci贸n de una pol铆tica criminal seria y democr谩tica. En tanto pol铆tica p煤blica, ella se integra con decisiones que habr谩n de impactar en el modo de ejercer la respuesta estatal ante el delito.

Y cuando de defender los intereses de la v铆ctima y de la sociedad se trata, resulta pues indispensable contar con la voluntad institucional de responder tanto frente a los delitos convencionales, como contra aquellos perpetrados desde estructuras privilegiadas de poder.

(*) Profesor titular de la Universidad Nacional de R铆o Negro (UNRN)
Es recomendable que una transformaci贸n como la planteada, por su magnitud e incidencia social, se ajuste a las expectativas y necesidades colectivas.