Ante el nuevo ciclo de endeudamiento del país, y la asfixia a las que nos someterán las decisiones oficiales que avalan los acuerdos con los fondos buitres, y los prestamistas usurarios internacionales de los que se obtendrán los fondos para el pago en efectivo de lo dispuesto en las sentencias y "pactos" por todos conocidos, algunos integrantes del Departamento de Economía de la FAEA UNCo expresamos

Pensar la Nación es sostener que son sus ciudadanos, los que habitan su suelo y generan con el trabajo cotidiano la producción, los medios de cambio, el conocimiento y los vínculos con otros pueblos, quienes pueden y deben decidir a través de los mecanismos de representación institucional previstos en la Constitución, qué modo de desarrollo es el que quieren para su presente y futuro, sin imposiciones de amos, ni de organismos que los avalan, ni de jueces ajenos, ni de especuladores que ahogan a las mayorías de la humanidad. Hoy la defensa de la Nación para no entregar el esfuerzo de las mayorías aparece trucada por decisiones que emanan del poder financiero internacional como brazo ejecutor de políticas neoliberales, del juego de buitres sin alma ni país, y del intercambio de posiciones geopolíticas, favores y privilegios internos y externos, o nuevas relaciones de fuerza, que premian a los que someten al país y castigan con una deuda impune a sus habitantes de hoy y de mañana.

Como bien sabemos, y como sostienen nuestros economistas maestros nacionales, el endeudamiento de la Argentina constituyó uno de los principales factores de sustento del modelo neoliberal contemporáneo y, al mismo tiempo, del estrangulamiento y la dependencia externa implementadas en los períodos de los últimos 40 años por la dictadura cívica militar, mediante el programa económico instaurado a sangre y fuego a partir del 2 de abril de 1976. En los años 90 el fuerte crecimiento de la deuda pública interna y externa -enmarcada en las políticas de desregulación, liberalización financiera y apertura extrema llevó a la destrucción de gran parte de la industria nacional, a niveles intolerables de desempleo y pobreza, a la creciente limitación de la capacidad financiera del Estado, a sucesivas crisis y ataques especulativos, a una gran depresión, al derrumbe financiero externo e interno, y al colapso de instituciones fundamentales de la sociedad argentina, con el despliegue de la violencia y muerte, además de la confiscación de ahorros y el hambre, del que fuimos testigos en diciembre de 2001 y el 2002.

Retomando las ideas de economistas como Ferrer, Hopenhaym y Rapoport de la UBA, desde el 2002, desde espacios de la heterodoxia económica nacional, se reconoció la necesidad de una renegociación ordenada de la deuda pública heredada, en función de las metas y objetivos de un programa de mediano plazo de crecimiento con equidad. "Se trataba de adecuar los servicios de la deuda a un plan sustentable que permitiera a la Argentina no solo salir de la peor crisis de su historia, sino también generar y asignar recursos para encauzarse por un sendero de desarrollo sostenido con equidad".

En los años subsiguientes se encaró el desendeudamiento con un cambio sustantivo en la manera de negociar; se planteó discutir racionalmente pero con firmeza los términos de las negociaciones internacionales priorizando la canalización de los recursos para crecer, lo que permitiría asumir compromisos realistas; en vez de ajustar sueldos públicos, jubilaciones y presupuestos provinciales, educativos o de salud y obras públicas para pagar la deuda, se priorizó crecer y pagar en proporción al crecimiento. De esta forma, como sostiene Vanoli, en 12 años la Argentina pudo desendeudarse en términos absolutos y relativos bajando la relación deuda pública con tenedores de bonos del exterior/PBI del 105% en 2003 al 11% en 2015.

"Dicho desendeudamiento, cuyos hitos centrales fueron las reestructuraciones de 2005 y 2010 con quitas de hasta el 65%, permitieron un círculo virtuoso de recuperación de la solvencia fiscal y externa, crecimiento y equidad distributiva" ...". Una cuestión básica de cualquier negociación señalaba Aldo Ferrer era que el país no debía apurarse ni sentir miedo de que por un tiempo no hubiese acuerdo. Generalmente los acuerdos de reestructuración soberana demoran no menos de 6 o 9 meses por sus complejidades legales, financieras y operativas" ..." El país contaba además con el apoyo de una Resolución mayoritaria de las Naciones Unidas y el apoyo de gobiernos, académicos y economistas de amplia reputación profesional, varios de ellos Premios Nobel, que señalaban el peligroso precedente para la estabilidad financiera global de ceder al chantaje de los buitres. Por cierto, un acuerdo que implica pagar capital, intereses y punitorios al contado financiado con una mega emisión de deuda que al decir del propio Financial Times es el mayor endeudamiento de un país emergente en 20 años, no es la mejor fórmula para un acuerdo justo, equitativo y sustentable" (Vanoli, 29 de marzo de 2016)

El preacuerdo alcanzado con media sanción de Diputados y que votarán sin cambios los Senadores de la Nación, entraña serios riesgos económicos para el país por los compromisos que se asumen a futuro. Era necesario plantear una quita de capital e intereses, y ello está ausente en este acuerdo, además de una sustancial reducción de punitorios. Como explica Vanoli, este acuerdo implica la menor quita en lo que en finanzas se llama valor presente neto, es decir el valor actual de los compromisos a futuro, no solamente muy inferiores a las reestructuraciones de 2005 y 2010 sino aun del propio Plan Brady suscripto en 1993, que incluyó quitas de capital e intereses. Los graves riesgos económicos del acuerdo se potencian con los riesgos legales de que algún juez del mundo interprete la cláusula de pari passu en forma diferente a Griesa y extienda al 93 por ciento de los acreedores los beneficios de este acuerdo, compromisos equivalentes al PBI del país. (Vanoli, 29 de marzo de 2016)

En síntesis, lejos de cerrar una etapa, este preacuerdo abre la puerta a reclamos y en lugar de solucionar puede agravar significativamente los problemas. Trae consigo el riesgo de un proceso de endeudamiento sin control, y de regreso a las políticas que exigen los mercados y las calificadoras de riesgo; es decir, ajustes fiscales para supuestamente ofrecer confianza a los mercados financieros internacionales, y junto con ello al regreso del FMI y sus imposiciones en las políticas económicas, como en Grecia.

Un país que defienda su ser nacional y su aspiración de desarrollo debe cuidar su sustentabilidad externa, fiscal y sus equilibrios productivos y sociales, para no caer en ciclos de endeudamiento y ajuste, que no sólo aumentan la deuda pública financiera, sino que potencian una fuerte deuda social interna, traducida en menos producción, salarios y empleos, jubilaciones, inversión y bienes públicos, y que abona el camino de la fractura social e institucional como en 2001. Es vital el rol del Congreso Nacional para "arreglar la deuda". Pero no es cierto que las únicas opciones son: este acuerdo apurado aquí y ahora, o la hiperinflación y el ajuste. Se pueden negociar otras alternativas que minimicen los riesgos legales y que no comprometan la solvencia futura del país.

Por ello decimos: A 40 años de los programas neoliberales en la Argentina que arrasaron con la industria, la ciencia y la técnica argentina, y las ilusiones y ahorros de una generación, y en tiempos de peligro en América Latina, Nunca más. Es hora de no hacer silencio ni de resignar la soberanía y la viabilidad como Nación.

Los abajo firmantes, integrantes del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, adherimos a la presente declaración:

1. Graciela Landriscini, DNI 10.228.365

2. Marcelo Actis, DNI 17.499.014

3. Pablo Alá Rue, DNI 16.287.730

4. Diego Fernando Andrada, DNI 23.791.190

5. Fernando Miguel Casullo, DNI 26.999.337.

6. Carolina Costanzo Caso, DNI 27499014

7. Marcela Debener, DNI 17.140.894

8. Nora Iris A. Díaz, DNI 16.137.854

9. Leticia Gerez, DNI 28.399.921

10. Adriana Giuliani, DNI 17.238.868

11. Daniela González, DNI 29.212.727

12. Néstor R. Fernández, DNI 14.761.411

13. María Alejandra Herrero Capitanich, DNI 31.236.484

14. Laura Lamfre, DNI: 27.107.418

15. Patricia Laría, DNI 11.929.718

16. Joaquín Perren, DNI 27.193.721

17. Juan Quintar, DNI 16.165.351

18. Norma Noya, DNI 11.018.305

19. Verónica Rama 24.424.811

20. Gabriela Tedeschi Cano, DNI 94.125.723

21. Rubén Vaudagnotto, DNI 16.981.822

22. Humberto Zambon, DNI 7.320.963

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