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Lunes, 15 Octubre 2018 Opinión

(Por Juan Pablo Bohoslasvky).- Los Estados han fijado como un objetivo de desarrollo sostenible el de reducir la desigualdad en y entre los países,

que abarca no solo la promoción de la inclusión social, económica y política de todxs, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición, sino también la adopción de políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, que permitan lograr progresivamente una mayor igualdad.

Sin embargo, hay un aspecto específico de la desigualdad que frecuentemente se pasa por alto: el de las relaciones entre desigualdad económica, crisis financieras y derechos humanos. La evidencia empírica indica que la desigualdad económica es tanto resultado como causa de las crisis financieras.

La desigualdad puede afectar a la deuda (su sustentabilidad) directa e indirectamente. El impacto directo procede, según los estudios empíricos, de que la desigualdad tiene efectos corrosivos en la base tributaria: la existencia de altos niveles de desigualdad se asocian con sistemas tributarios en los que los impuestos a las ganancias y bienes personales son relativamente bajos, con lo que la desigualdad genera presión sobre el presupuesto estatal para que se compense -en alguna medida- la desigualdad, lo que ha su vez lleva a los Estados a endeudarse para poder responder a esa demanda presupuestaria.

Además, en los países con un nivel muy alto de desigualdad habrá mayores incentivos para defaulter la deuda, ya que este impago puede ser visualizado como un medio para obtener mayor margen fiscal para reducir impuestos y aumentar transferencias a los sectores de menores ingresos.

En cuanto a los efectos indirectos, es principalmente la deuda privada la que actúa como nexo entre la desigualdad y la deuda soberana. El aumento de la desigualdad puede conducir a un exceso de préstamos a privados. Las familias tratan de compensar a través de deuda la reducción de sus ingresos. Además, la desigualdad afecta la estabilidad social y política, afectando el crecimiento y así los ingresos y gastos del Estado. El consiguiente sobreendeudamiento privado puede acumularse a lo largo de muchos años, desestabilizar el sistema financiero e incluso generar una situación de volatilidad económica que desencadene una crisis bancaria, con las consiguientes pérdidas de producción y los enormes costes del salvaje bancario que han de afrontar los gobiernos. Además, tanto los efectos directos como los indirectos pueden provocar al mismo tiempo una crisis monetaria si está en juego un volumen considerable de deuda denominada en divisas no nacionales.

Por su parte, según la mayoría de los estudios, las crisis financieras y las subsiguientes medidas de política económica que se suelen aplicar para aliviar sus consecuencias, como reducciones presupuestarias y desregulación del mercado laboral, profundizan las desigualdades, con consecuencias sociales devastadoras. Una crisis de deuda puede tener un enorme efecto contractivo en la producción, lo que puede repercutir a su vez en el nivel de desigualdad. La aplicación de políticas de consolidación fiscal como respuesta frente a las crisis de sobreendeudamiento público puede tener también importantes consecuencias en la distribución, tanto directa como indirectamente, por ejemplo a través del aumento de la tasa de desempleo y los recortes del gasto social. Los efectos sociales de las crisis, que afectan en particular a las capas más vulnerables, y en particular sobre las mujeres, son a menudo catastróficos.

La constatación de que la desigualdad puede contribuir al desencadenamiento de crisis financieras, que a su vez agravan la desigualdad y afectan negativamente a los derechos humanos, tiene consecuencias de política y jurídicas de largo alcance. Pone en evidencia que los aspectos sociales, económicos, financieros y de derechos humanos están inextricablemente relacionados entre sí, lo que hace necesario adoptar un enfoque holístico para prevenir y enfrentar las crisis financieras.

Es prácticamente imposible prevenir las crisis financieras si no se abordan las deficiencias en materia de derechos humanos que las alimentan, entre las que destacan las relacionadas con la desigualdad. Lo mismo cabe decir de las medidas de respuesta a las crisis: toda reacción a las crisis financieras que no tenga en cuenta los efectos en los derechos humanos y en la igualdad no solo incumplirá obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, sino que correrá el riesgo de crear, nuevamente, los mismos problemas, haciendo imposible cualquier futuro económicamente sostenible.

*Esta nota sintetiza el informe (A/HRC/31/60) que el autor, como Experto Independiente sobre Deuda Externa y Derechos Humanos de la ONU, presentó al Consejo de Derechos Humanos. Las fuentes de los datos aquí presentados pueden ser consultadas en ese mismo informe.