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Domingo, 26 Agosto 2018 Opinión

La corrupción es consecuencia de la ambición y del uso del poder para satisfacerla. Es la metáfora de un sistema político basado en el clientelismo mercantil, donde se tranzan votos, impunidades, y contratos. Por Javier Calderón Castillo

La corrupción es consecuencia de la ambición y del uso del poder para satisfacerla. Es la metáfora de un sistema político basado en el clientelismo mercantil, donde se tranzan votos, impunidades, y contratos. El gran botín son los recursos públicos generados por los impuestos y por las riquezas naturales. Es el símbolo de un modelo económico edificado durante décadas por empresarios-políticos que han conseguido un enorme poder con el dinero público. La corrupción son las puertas giratorias entre el Estado y las empresas, por donde transitan gerentes y ministros, congresistas y algunos togados, que representan no a los ciudadanos electores, sino los intereses de grandes capitales.

Las empresas son las que se benefician de la corrupción. A partir del megaescándalo de Odebrecht se desató una importante visibilidad del problema en toda Latinoamérica, aunque de manera arbitraria, selectiva y sesgada, como lo explica el juez español Baltasar Garzón en un diálogo con el diario Página12 de Argentina. Se ha querido mostrar como un mal de los "populismos" y no un asunto transversal de la cultura política generada por el sistema de competencia y la lógica de la desigualdad en que se basa el neoliberalismo. Por esta razón, ni la dimensión ni la repercusión del escándalo de Odebrecht hicieron tambalear al Gobierno y a las instituciones colombianas o provocaron un escrutinio sobre las empresas nacionales y extranjeras que se enriquecen con los contratos públicos.

El desenfreno por el uso político de la corrupción para deslegitimar selectivamente algunos políticos a partir del caso Odebrecht en otros países ha trivializado la problemática en Colombia, poniendo la atención sobre algunos funcionarios o políticos de segunda línea que de seguro se han quedado con recursos tributados por la ciudadanía, pero que no representan el núcleo duro del problema. Existe en cambio cierto mutismo cuando se trata de abordar la corrupción en toda su dimensión, es decir, en desentrañar la asociación ilícita tejida entre el empresariado y los grupos de políticos que sostiene el andamiaje del clientelismo y el financiamiento de las campañas electorales. Pensemos en Reficar, Saludcoop, Ruta del Sol, 4×1000...

El efecto teflón sobre los casos de corrupción que comprometen algunos políticos y empresarios colombianos indica que pocos se atreven a criticar a los poderes económicos, quizás por estar condicionados en razón de la gran influencia ejercida en todos los poderes públicos y en los medios de comunicación, como se demostró con la impunidad y el silencio después de conocido el escándalo de los Panamá Papers, que en países como Islandia terminaron con la renuncia del primer ministro. Hoy se sabe que las campañas del 2014 de Santos y Zuluaga recibieron aportes de Odebrecht y nada pasa.

Todas las medidas anticorrupción serán de bajo impacto mientras el marco de referencia sea el ataque cosmético de la corrupción y no al modelo sobre el cual se sustenta. Las claves para lograrlo están marcadas en las disputas ciudadanas que equilibran poderes, en la producción simbólica de una cultura social que rechace la utilización de los recursos estatales para enriquecer a políticos, empresarios, jueces y ciudadanos particulares, junto con la promoción de una discusión nacional constituyente sobre un nuevo marco de comprensión del papel del Estado como ejecutor de derechos y no como el botín de los políticos.

La consulta anticorrupción del próximo domingo resulta una oportunidad de dinamismo a la disputa cultural y política para cambiar la dialéctica ilegal que sostiene el poder tradicional. La potencia y el alcance que adquiera dependerá de la producción de sentido práctico del debate en el terreno de la política en todos los niveles de Gobierno, de cara a las elecciones regionales que se realizarán en 2019. Deberá integrarse a una estrategia común de quienes están pensando en un país distinto, que claramente no se concretará por la buena voluntad de los partidos políticos tradicionales o el empresariado, que con el nuevo Gobierno han encontrado una comodidad gatopardista: cambiar sin que nada cambie. La nomina actual de ministros-empresarios así lo demuestra.

Si la ciudadanía utiliza la consulta para tomar la iniciativa en el cambio estructural que constriña las dinámicas corruptas, podrá impedir que las banderas anticorrupción sean cooptadas por los corruptos como herramienta judicial sesgada y selectiva para la lucha contra los enemigos políticos (Lawfare) o como timming mediático de las campañas electorales. Un proceso de larga duración que debe ser sustentado con discusiones sobre la composición y elección de funcionarios en las tres ramas del poder público, una urgente reforma al sistema electoral –del tipo presentada por la comisión de expertos en 2017-, y un debate ciudadano sobre los términos de la contratación estatal que equilibre el excesivo poder del empresariado.

Un buen primer paso es comprender que la corrupción es una metáfora del poder absoluto que sin un modelo participativo de democracia no logrará controlarse. Votar el domingo pensando en una estrategia de cambio resulta más poderoso para la ciudadanía que salir pensando en que el mero ejercicio del voto le quitará dientes al mal de la corrupción. El domingo hay que salir a votar pensando en construir poder desde la ciudadanía, sabiendo que sin presión social los congresistas enterrarán la buena voluntad de la consulta popular anticorrupción con sus conocidos "micos" parlamentarios, para que los empresarios sigan tranquilos con sus contratos asegurados.

El Espectador/Colombia