Regirá desde abril el nuevo sistema que fiscaliza las inasistencias en la función pública. Forma parte del decreto que busca limitar el gasto público.

Cada cartera debe informar organigramas, personal, funciones y adicionales. Hay diferencias con UPCN por el número de inasistencias diarias.

Un control electrónico oblitorio y centralizado del ausentismo en la administración pública rionegrina se aplicará a partir de abril.

A la medida se suma y la posibilidad de cubrir vacantes con agentes que no son necesarios en otras jurisdicciones.

Economía incluyó estas medidas en el decreto de contención del gasto público, centrado en la revisión de todos los organigramas y políticas de Recursos Humanos.

Después de una reunión de gabinete provincial, el 4 de enero pasado, el ministro Agustin Domingo adelantó un decreto de modificación de los "procesos" y destinado a "optimizar los gastos en el sector público" de Río Negro.

Según trascendió, el proyecto -que ya habría sido firmado por el gobernador Alberto Weretilneck- se concentra en la revisión del personal en el Estado, planta por planta de cada organismo. Se verificará el nivel de inasistencia de cada agente y se busca acelerar el retiro de los estatales próximos a jubilarse.

La norma asigna pleno poder de control y asignación del personal al Ministerio de Economía, a través de su secretaría de la Función Pública.

La facultad de que dispone es bien amplia, alcanza a la administración central, los organismos descentralizados y sociedades del Estado.

Verificación a fondo

Así, con un cronograma de cumplimiento, cada área deberá informar sus plantilla de personal, con funcionarios a cargo y funciones, incluso se prevé un listado de aquellos con adicional asignado por carga laboral adicional.

Además, Economía requiere precisiones sobre el número de cargos vacantes y proyecta un programa de cobertura de los mismos con personal de otros organismos.

Un punto central se concentra en el "control de asistencia". Así, se prevé que todos los organismos estatales deberán contar con un sistema electrónico para antes del 31 de marzo. Actualmente, esas instalaciones son parciales y sus registros son laxos.

El seguimiento será centralizado por la Función Pública, por lo cual, se exige que el proceso del área sea con compatible con el sistema de esa secretaría, que conduce Isabel Tipping.

Esta cartera fijará un "reglamento general de control de asistencia y presentismo" para la totalidad del Poder Ejecutivo.

El nivel de ausentismo en el Estado es un dato desconocido en Río Negro, salvo algunos registros sueltos.

Incluso, en el 2013, una evaluación numérica del entonces ministro Alejandro Palmieri derivó en una fuerte polémica con el titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi.

El ex titular de Economía estimó de 9.000 a 10.000 estatales que faltaban por día, y el gremialista afirmó que era "una tremenda mentira".

Ese cruce diluyó aquel tibio intento gubernamental para analizar los procesos de registros de ausencias.
En cifras
10.000
los estatales que faltan a sus puestos, según un cáculo del legislador Alejandro Palmieri.
57.271
El número total de agentes estatales que ocupan puestos en la provincia.
Aceleran los mecanismos para las
jubilaciones

El decreto oficial contempla una mayor presión para jubilar a los estatales que ya están en condiciones de acceder al beneficio. Por eso, el gobierno prevé intimar a todos aquellos que cumplen con los requisitos, considerando que algunos organismos cedían ante la voluntad de los estatales de continuar en actividad.

Igualmente, en la Función Pública admite que en el 2017 se jubilaron más de 600 y se duplicó así el registro del 2016, a pesar que se acepta que la cantidad de estatales en condiciones está en el millar por año.

En realidad, la brecha es importante de un haber en actividad al de pasivo por la incidencia del histórico porcentual abonado sin aportes previsionales. Parte se intentó corregir con el blanqueo remunerativo de los últimos 10 años, pero es aún parcial y su efecto es relativo.

Ahora, en la búsqueda de su cumplimiento, la norma asignaría plena responsabilidad de la intimación de jubilación a los jefes de las áreas de Recursos Humanos, fijándole un breve plazo para esa notificación.

Asimismo, Nación prometió a las provincias -según el acuerdo de Consenso Fiscal- alentar y financiar un plan de retiros, pero todavía no hay precisiones. En ese sentido, el actual decreto no hace ninguna referencia de ese posible instrumento de desvinculación estatal.

avc 052018
capraro